El fallo aclara cuándo aplica el derecho al asilo y da al gobierno herramientas para ordenar el flujo en la frontera sur
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió el pasado 25 de junio un fallo de 6 votos contra 3 que redefine el momento en que una persona puede solicitar asilo en la frontera con México, confirmando la autoridad del gobierno federal para regular de manera ordenada el acceso a los puertos de entrada sin colapsar los sistemas locales de atención en comunidades de Texas y Arizona.
The Supreme Court ruled that the Trump administration can turn away asylum seekers who approach ports of entry along the U.S.-Mexico border, reversing a lower court decision that the policy likely violates federal law and international treaties. https://t.co/x1qkRUKMQG
— ABC News (@ABC) June 25, 2026
Bajo la ley federal, cualquier persona que llegue a suelo estadounidense tiene derecho a solicitar asilo y ser evaluada por temor a persecución en su país de origen. El caso ante la Corte giró precisamente en torno a cuándo se activa ese derecho: ¿al presentarse en un puerto de entrada, o al ingresar físicamente al territorio? El juez Samuel Alito, redactor de la opinión mayoritaria, determinó que una persona no puede considerarse que “llega a” Estados Unidos antes de haber cruzado físicamente la frontera, una distinción legal que es la base del fallo.
Esa interpretación permite al gobierno de Donald Trump recuperar la política de “metering”, regulación del flujo, un mecanismo que autoriza a los agentes federales a administrar cuántas personas ingresan diariamente a un puerto de entrada según su capacidad operativa. La administración argumentó que quienes son regulados en el puerto pueden regresar posteriormente a presentar su solicitud de asilo, y que el mecanismo no elimina el derecho al asilo, sino que ordena el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional celebró el resultado: “Esta decisión abre una herramienta importante para continuar asegurando la frontera sur”, declaró su asesor legal James Percival.
La política no es nueva ni exclusivamente republicana. Fue aplicada por primera vez bajo la administración de Barack Obama, cuando un flujo masivo de migrantes haitianos llegó al cruce entre Tijuana y San Diego, desbordando la capacidad de procesamiento local. Posteriormente fue extendida a toda la frontera durante el primer mandato de Trump. El presidente Biden la eliminó en 2021, lo que coincidió con un aumento significativo en las llegadas: los encuentros diarios en puertos del suroeste alcanzaron un máximo de 1,703 en mayo de 2024, comparado con un promedio de 114 en mayo de 2026.
Para las comunidades fronterizas de Texas y Arizona, que durante años han absorbido el impacto directo de los picos migratorios, el fallo representa un respaldo federal a la idea de que el orden en los puertos de entrada es compatible con el derecho al asilo. Ciudades como El Paso, Eagle Pass y Nogales han enfrentado presión sostenida sobre sus servicios públicos, albergues e infraestructura durante períodos de alta afluencia, situaciones que el “metering” busca precisamente evitar.
La decisión forma parte de una serie de fallos en materia migratoria que la Corte Suprema está resolviendo en este período, incluyendo casos relacionados con el estatus de protección temporal y la ciudadanía por nacimiento, que en conjunto definirán el marco legal de la política migratoria estadounidense en los próximos años.
