Lo que comenzó en Arizona como una victoria del 80% en la legislatura estatal, hoy podría convertirse en ley federal y cambiar la vida de miles de familias
La iniciativa legislativa conocida como “El Derecho a Intentar” (Right to Try, en inglés) nació en Arizona con una misión clara: devolverle la esperanza a pacientes con enfermedades graves o mortales, dándoles la oportunidad de acceder a medicamentos o tratamientos experimentales cuando la medicina convencional ya no tiene respuestas. En condiciones normales, un medicamento nuevo debe superar años de estudios clínicos y revisiones exhaustivas antes de que la FDA lo autorice, un proceso necesario, pero que a veces puede durar más de lo que le queda de vida a quien más lo necesita.
Over my time in Congress, I’ve worked across the aisle to give hope to terminally ill patients who were desperate to save their lives. That’s why I’m helping to lead a coalition to pass the Right to Try for Individualized Treatments Act. Let’s get this one across the finish line.…
— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) June 20, 2026
En 2014, durante el período en que el Congresista Andy Biggs se desempeñaba como representante estatal, la propuesta recibió el respaldo de casi el 80 por ciento de la legislatura, una señal inequívoca de que respondía a una necesidad real y urgente sentida por miles de familias. Desde entonces, las políticas de “El Derecho a Intentar” se han extendido por todo el territorio nacional. Actualmente, 41 estados han adoptado alguna versión de esta legislación, que permite a pacientes terminales explorar tratamientos experimentales siempre que hayan agotado todas las opciones médicas disponibles y cuenten con el respaldo de su médico y el consentimiento de la empresa farmacéutica que desarrolla el tratamiento.
Ahora, el debate avanza hacia una nueva etapa. La denominada Right to Try 2.0 apunta a tratamientos individualizados: terapias diseñadas específicamente para cada paciente según sus características genéticas o biológicas particulares. Para quienes padecen enfermedades raras o sin cura conocida, este acceso puede representar la única alternativa real, especialmente cuando los ensayos clínicos tradicionales no contemplan su condición específica. Esta versión más avanzada ya ha sido promulgada en 17 estados, entre ellos Arizona, que una vez más figura entre los pioneros.
El impulso legislativo refleja una conversación más amplia sobre el equilibrio entre la regulación federal y la autonomía del paciente. Los defensores de la ley argumentan que ningún proceso burocrático debería interponerse entre un médico, su paciente y un tratamiento potencialmente salvador. Para muchas familias, esa oportunidad lo es todo.
Con el congresista Biggs llevando ahora la propuesta al Congreso federal, la idea que nació hace más de una década en un estado del suroeste americano podría pronto garantizarse en todo el país. Un creciente consenso político respalda una premisa sencilla pero poderosa: si ya probaste todo lo que existe y nada funcionó, tienes el derecho de intentar algo nuevo.
