El Departamento de Estado atribuye las cancelaciones a delitos, fraude y violaciones migratorias, mientras organizaciones de derechos civiles cuestionan la falta de transparencia del proceso
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó esta semana que ha cancelado más de 175,000 visas desde que el presidente Donald Trump regresó al poder. La cifra representa un fuerte incremento respecto al ritmo registrado durante el último año de la administración de Joe Biden, cuando se revocaron alrededor de 40,000 visas.
Under President Trump and Secretary Rubio’s leadership, the Department of State has revoked more than 175,000 visas from foreign nationals who violated the terms of their visas.
We remain committed to using every tool available to protect the American people. pic.twitter.com/Ip6uX2RNt2
— Department of State (@StateDept) August 10, 2026
Según el gobierno, las revocaciones alcanzaron a extranjeros que habrían violado los términos de su visa, cometido delitos, defraudado a ciudadanos estadounidenses, abusado del sistema migratorio o representado un riesgo para la seguridad nacional. La mayoría de los casos surgieron de encuentros con las fuerzas del orden, siendo el asalto, la conducción bajo los efectos del alcohol, el robo y los delitos de drogas las causas más comunes.
El departamento también citó ejemplos puntuales, entre ellos una persona acusada de violación agravada y otra vinculada a cargos de secuestro y trata de personas. Además, una embajada estadounidense en el norte de África canceló más de 100 visas de padres señalados de haber viajado a Estados Unidos principalmente para que sus hijos nacieran con ciudadanía estadounidense, práctica conocida como “turismo de nacimiento”.
Un grupo de las cancelaciones estuvo relacionado con expresiones políticas. El caso más conocido es el de Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado en la Universidad Tufts, cuya visa fue revocada tras coescribir un artículo de opinión crítico con la postura de su universidad sobre la guerra en Gaza; un juez desestimó posteriormente el caso en su contra. El departamento también canceló visas de personas que se pronunciaron sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Organizaciones de derechos civiles y expertos en inmigración han cuestionado la falta de claridad sobre cómo se distribuyen las cifras entre delitos graves e infracciones menores, como el simple vencimiento de una visa. Adriel D. Orozco, del American Immigration Council, señaló que agrupar casos de política exterior junto con arrestos por conducir en estado de ebriedad y expresiones políticas vuelve la cifra difícil de interpretar, y advirtió sobre el amplio margen de discreción que ejerce la administración.
Las revocaciones de visa son distintas de las deportaciones, que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, el cual reporta más de 605,000 expulsiones desde el inicio del actual gobierno. El Departamento de Estado sostiene que una visa estadounidense “es un privilegio, no un derecho”, y que las revocaciones forman parte de un sistema de revisión continua que examina a unos 55 millones de extranjeros con visas vigentes.
