Yolanda Matthews facturó servicios de psicoterapia que nunca se brindaron, incluso a nombre de pacientes ya fallecidos
Una mujer de Michigan se declaró culpable de facturar a Medicare servicios de psicoterapia que nunca fueron proporcionados a los residentes de su centro de cuidado diurno para adultos, según anunció el Departamento de Justicia.
A Michigan woman pleaded GUILTY today to billing Medicare for psychotherapy services that were never provided to residents of her adult day care center. She was charged as part of the 2026 National Health Care Fraud Takedown.
The Fraud Division remains laser-focused on…
— National Fraud Enforcement Division (@DOJFraudDiv) July 27, 2026
De acuerdo con documentos judiciales citados por la fiscalía, Yolanda Matthews, de 58 años y residente de Farmington Hills, admitió haber presentado de manera continua reclamos falsos y fraudulentos a Medicare por servicios de psicoterapia que nunca se brindaron. Según la Oficina del Inspector General del HHS, Matthews reconoció haber facturado servicios supuestamente prestados en su centro durante periodos en los que el beneficiario de Medicare se encontraba hospitalizado, además de falsificar reclamos a nombre de trabajadores sociales que ya no laboraban en el centro.
En algunos casos, Matthews incluso facturó a Medicare por servicios de psicoterapia supuestamente brindados a beneficiarios después de su fallecimiento. En total, presentó reclamos falsos por más de $539,000 dólares, según confirmaron tanto el Departamento de Justicia como el Washington Times.
Matthews fue acusada como parte de la Operación Nacional de Cumplimiento contra el Fraude en Atención Médica de 2026 y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude en atención médica. Su sentencia está programada para el 18 de noviembre de 2026, y enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión, la cual será determinada por un juez federal tras considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley.
El anuncio fue realizado de manera conjunta por el fiscal general asistente Colin M. McDonald, de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude; el fiscal general asistente A. Tysen Duva, de la División Criminal del Departamento de Justicia; el agente especial a cargo Reuben Coleman, de la oficina del FBI en Detroit; y el agente especial a cargo Thomas Ethridge, de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG). La investigación estuvo a cargo del FBI en Detroit y del HHS-OIG.
El caso forma parte de los esfuerzos de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude, creada en abril de 2026, que respalda el trabajo del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, presidido por el vicepresidente J.D. Vance. Según el Departamento de Justicia, el Programa de Fuerzas de Choque contra el Fraude en Atención Médica, integrado actualmente por nueve grupos que operan en distritos federales de todo el país, ha acusado a más de 6,200 personas que en conjunto facturaron más de $45,000 millones de dólares a programas federales de salud y aseguradoras privadas desde 2007.
