Un tribunal del Condado de Maricopa falló en contra del Departamento de Recursos Hídricos de Arizona, invalidando reglas que imponían requisitos adicionales a los constructores en zonas con escasez de agua.
El juez Scott Blaney, del Tribunal Superior del Condado de Maricopa, emitió un fallo que anula las reglas establecidas por el Departamento de Recursos Hídricos de Arizona (ADWR, por sus siglas en inglés), las cuales exigían a los desarrolladores demostrar un suministro de agua equivalente al 133% de sus necesidades reales para obtener permisos de construcción en ciertas zonas del estado.
A state agency acted illegally when imposing what developers have dubbed a “tax” to build in areas with scarce sources of water, a judge has concluded.https://t.co/g5nWyqobgu
— AZ Capitol Times (State Affairs Arizona) (@AzCapitolTimes) June 10, 2026
Según el fallo, la agencia estatal sí tiene la autoridad para determinar cuándo un proyecto cumple con el requisito legal de garantizar un suministro de agua por 100 años. Sin embargo, el juez determinó que la agencia excedió sus facultades al exigir ese 33% adicional, lo que el juez calificó como contrario al texto claro de la ley.
“El estatuto claramente requiere que los solicitantes demuestren que el agua estará disponible de manera continua para satisfacer las necesidades del uso propuesto durante al menos cien años”, escribió el juez Blaney. Exigir algo por encima de eso, señaló, contradice el lenguaje de la ley.
El abogado Andrew Gould, quien representa a la Asociación de Constructores de Viviendas del Centro de Arizona, celebró la decisión. “Al final del día, se estaba obligando a los compradores de viviendas a subsidiar el agua subterránea para otros usos, lo que impacta la vivienda y su accesibilidad económica”, declaró.
Este fallo se suma a otro del mismo juez emitido en abril, en el que también anuló una política del ADWR por no haber seguido los procedimientos legales requeridos para establecer nuevas reglas. Esa política fue la que sirvió de base para la moratoria de 2023 sobre nuevos desarrollos en áreas de Buckeye, Queen Creek y partes del Condado de Pinal.
El fallo judicial representa un golpe significativo a la estrategia de agua impulsada por la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, quien había respaldado las restricciones al desarrollo y apoyado la creación del programa alternativo de suministro hídrico. La oficina de Hobbs reaccionó advirtiendo que buscará revertir el fallo en apelación.
Por su parte, la directora del Centro Kyl para la Política del Agua, Sarah Porter, advirtió sobre los riesgos de este resultado para la gestión a largo plazo del recurso. “El agua subterránea debe manejarse como un recurso no renovable”, señaló, añadiendo que las ciudades podrían ver comprometido el agua subterránea que utilizan como reserva.
Riley Snow, director del Departamento de Derecho del Agua de Rose Law Group, llamó a establecer regulaciones hídricas elaboradas mediante los procesos legales adecuados. “Los desarrolladores no se oponen a regulaciones actualizadas que garanticen un futuro próspero. Pero dicha regulación debe hacerse correctamente”, indicó.
El caso tiene su origen en la Ley de Gestión de Aguas Subterráneas de 1980, que creó las llamadas “áreas de gestión activa” en zonas donde el suministro de agua es una preocupación, y estableció el requisito del suministro garantizado por 100 años para nuevos desarrollos.
